Ramón Gallego, concejal de Hacienda y Personal Foto: GACETA
Aurelio Maroto
El equipo de gobierno de La Solana defiende la utilidad y la conveniencia de la cesión del Centro de Nuevas Tecnologías ‘Petra Mateos’, que gestionará el Legado Bustillo en próximos 25 años. El concejal de Hacienda y Personal, Ramón Gallego, ha explicado en rueda de prensa que este movimiento representa una oportunidad estratégica para el desarrollo educativo, económico y social del municipio. El principal objetivo es ubicar allí un centro de FP dual, que estará gestionado por EFAS (Escuelas Familiares Agrarias). La cesión tuvo luz verde definitiva en el último pleno de la Corporación.
“Este proyecto educativo mejorará la cualificación de jóvenes y trabajadores, favoreciendo el empleo y el emprendimiento, ayudará a relevo generacional en el sector agropecuario; convertirá a La Solana en un referente en educación agraria y sostenibilidad”, subrayó Gallego. De paso, aprovechó para criticar el rechazo del grupo socialista, al que reprochó su falta de control de la fundación benéfica y la infrautilización del CNT. En cualquier caso, aclaró que el nuevo instituto de FP será compatible con otros cursos formativos.
A la hora de resumir la última sesión plenaria, el también portavoz popular, aludió al pabellón La Moheda. Insistió en que el Ayuntamiento reclamará daños y perjuicios y volvió a poner el foco en la Aqualia. “Se evidenció que la concesionaria incumplió sus obligaciones contractuales al no realizar el mantenimiento y lectura del contador de agua”. Los daños estructurales han sido valorados en 490.000 euros, que el Ayuntamiento reclamará por presunta negligencia.
También se refirió a la aprobación del reglamento para la mesa de negociación. Calificó de “caótica” la gestión del anterior equipo de gobierno en materia de personal. “Este reglamento es solo el primer paso en la reorganización del Ayuntamiento, donde ya trabajamos en una nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo) y en la actualización del acuerdo marco vigente”.
Canon del agua
Otro punto relevante de la sesión ordinaria fue el canon del agua. Gallego recordó que la ordenanza de vertidos se aprobó en septiembre de 2021, pero no fue aplicada. En su opinión, eso ha derivado en un sobrecoste para los vecinos y un perjuicio ambiental. “La inacción política y el miedo a su implantación ha dejado expuesto a nuestro pueblo a riesgos ecológicos y sanitarios”. Considera crucial implementar esta normativa, a fin de evitar impunidad. “La aplicación de esta ordenanza garantizará un uso responsable del alcantarillado y promoverá la sostenibilidad”.
En este sentido, expresó su rechazo al canon del agua implantado por la Junta desde el uno de enero. Cree que se trata de un auténtico “impuestazo”, que el gobierno regional justifica por una normativa europea. Sin embargo, recuerda que otras CCAA no lo aplican. “La idea central es crear un tributo que afectará a ciudadanos, autónomos, empresas y al propio Ayuntamiento”. “Creemos que es una injusticia social y fiscal”.
