La alcaldesa recibe información en el centro de control Foto: GACETA
Aurelio Maroto
Las calles también observan. No para fiscalizar la vida cotidiana, sino para protegerla. Con esa premisa —disuasoria en primera instancia y punitiva cuando el caso lo requiera— el Ayuntamiento de La Solana ha culminado un ambicioso plan de modernización y ampliación del sistema de videovigilancia urbana, que multiplica la cobertura en los puntos más sensibles del municipio y sitúa a la localidad en un nuevo escenario de control preventivo, seguridad ciudadana y gestión avanzada del tráfico.
El proyecto fue presentado en rueda de prensa en la Jefatura de la Policía Local por el subinspector-jefe, Antonio Velasco, y la alcaldesa, Luisa Márquez. En total, se han instalado 32 nuevas videocámaras, a las que se sumarán cuatro más correspondientes a las instalaciones del punto limpio. De ellas, nueve sustituyen al sistema anterior, que se encontraba obsoleto, mientras que las otras 23 son de nueva creación, ampliando de forma notable la red existente.
Velasco explicó que el sistema responde a “dos objetivos fundamentales: mejorar la seguridad ciudadana, sobre todo de forma disuasoria, y optimizar el control del tráfico mediante el uso de tecnología avanzada”, subrayando que “está demostrado que las cámaras contribuyen a esclarecer hasta un 80 % de los delitos cometidos en las calles donde se instalan”. En este sentido, recordó que en los recientes delitos contra la propiedad registrados en la localidad “tanto las unidades de policía judicial como la Guardia Civil del Puesto de La Solana han solicitado copia de los archivos de las cámaras de los días de los hechos”, remarcando que su uso es “parte fundamental de las investigaciones policiales”, especialmente en accesos y salidas del municipio.
Uno de los ejes del plan es precisamente el control perimetral. Se han colocado cuatro cámaras en los accesos a La Solana por las carreteras de Manzanares, Valdepeñas o Tomelloso, todas ellas equipadas con sistema de lectura de matrículas. Según detalló Velasco, “no solo se graban todos los vehículos que entran y salen, sino que además se crea un archivo de matrículas”, lo que permite filtrar búsquedas por número, color, marca o modelo. “Es una herramienta muy potente policialmente”, insistió.
Imagen del panel de cámaras en Jefatura Foto: GACETA
En el interior del casco urbano, la red se despliega en zonas clave del tráfico, como la rotonda de la carretera de Valdepeñas con la avenida de la Constitución, donde se han instalado dos cámaras; otras dos en calle Carrera —una en la esquina con Don Rodrigo y otra a la altura de la plaza de Canalejas—, además de dispositivos en plaza de Santa Ana, Cristo del Amor y rasillo de Santa Quiteria, todos ellos con funciones prioritarias de control viario.
La videovigilancia también se refuerza en espacios de alta concentración de personas y actividad social. En la Plaza Mayor se han colocado tres cámaras —dos con visión general y una en la zona de Dundigo—; otras dos en calle Feria, una en la plaza de Canalejas, una en las explanadas del Recinto Ferial y dos en la Plaza de Toros. Está prevista, además, la instalación inminente de una cámara en la explanada del mercado, atendiendo a la evolución de los usos y concentraciones juveniles.
Los parques y zonas verdes cuentan igualmente con vigilancia para prevenir actos vandálicos y daños en el mobiliario público. Hay cámaras en el Parque Municipal, Casas Blancas, Víctimas del Terrorismo, Beguilla y Viña Botero, a las que se suman tres dispositivos en el Polígono Industrial, estratégicos para la protección de las empresas allí ubicadas. Completan el mapa una cámara en el exterior de la Biblioteca Municipal y otra en la propia Jefatura de la Policía Local.
La alcaldesa, Luisa Márquez, cerró la comparecencia contextualizando el esfuerzo realizado. “Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos únicamente cuatro o cinco cámaras homologadas y operativas en todo el término municipal”, algunas incluso “con los cables cortados, sin efecto disuasorio alguno”. Recordó que desde 2015 existía autorización para instalar más dispositivos, pero nunca se ejecutó. “Nos pusimos manos a la obra”, dijo, impulsando informes de necesidad y actuando en cooperación con la Policía Local.
Márquez destacó el valor del sistema no solo en tráfico, sino en seguridad pública, y defendió la protección de los agentes: “Tenemos la obligación ética y moral de proteger a quienes nos cuidan”, enlazando el proyecto con otras medidas recientes de refuerzo policial. En términos económicos, cifró la inversión en unos 30.000 euros anuales durante cuatro años, contrato que incluye mantenimiento y actualización. “Lo que no era lógico ni normal es tener solo cuatro o cinco cámaras en un pueblo con una extensión tan importante como La Solana”, concluyó, satisfecha por una red que, sin invadir, vigila; sin interferir, previene; y, llegado el caso, ayuda a esclarecer.
A preguntas de los periodistas, Velasco fue claro sobre la eficacia disuasoria que ya se aprecia: “Sí que se nota en los sitios concretos donde hay cámaras”, citando como ejemplo la zona de Santa Ana, donde “se han reducido de manera importante los problemas de botellón, reyertas y otros incidentes”. También explicó que la instalación es dinámica: “El pueblo es cambiante. Donde antes había problemas, ahora no, y surgen en otros puntos. Tenemos que ir al día y poner las cámaras donde hay necesidades reales”. Al hilo de este despliegue, el subinspector avanzó otro proyecto en estudio: la adquisición de cámaras unipersonales para los agentes, una demanda del propio cuerpo. “Permiten grabar intervenciones más sensibles y son válidas para juicios e infracciones. Es una inversión necesaria y conveniente”, señaló.
