La adaptación contempla que pague más quien contamine más
Aurelio Maroto
El Pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de La Solana aprobó por unanimidad la modificación del contrato de concesión del ciclo integral del agua con Aqualia, un acuerdo técnico que, sin embargo, reabrió el debate político sobre la gestión del servicio en las últimas dos décadas. La adenda aprobada permitirá aplicar de forma efectiva la ordenanza de vertidos industriales, clave para el control medioambiental y el funcionamiento de la red de saneamiento, que incorpora a la empresa concesionaria tareas de control, inspección y recaudación. Aunque ambos grupos votaron a favor, el debate no estuvo exento de reproches cruzados sobre los retrasos, la herencia recibida o las decisiones adoptadas en el pasado.
Una modificación necesaria
El punto fue introducido por el secretario municipal, que explicó que la modificación del contrato —firmado en 2004— responde a la necesidad de adaptarlo a las nuevas ordenanzas de vertidos y de prestación patrimonial del ciclo del agua. La propuesta contempla que la empresa concesionaria asuma la gestión de los vertidos industriales “por razones de eficacia” y ante la falta de medios técnicos municipales, además de crear un fondo finalista con los ingresos del coeficiente de contaminación para financiar mejoras en la red hidráulica. Todo ello cuenta con informes técnicos, jurídicos y económicos favorables y no supondrá coste adicional para el Ayuntamiento.
Abrió el turno de intervenciones el portavoz socialista, Eulalio Díaz-Cano, que respaldó el fondo de la medida pero puso el acento en el contexto y en los tiempos de ejecución: “La ordenanza de vertidos se aprobó en 2021. Ahí está el origen de lo que vemos hoy”. Recriminó al actual equipo de gobierno la demora en su ejecución: “Llevan tres años gobernando y todavía seguimos desarrollando el control de vertidos”. A su juicio, el PP “ha hecho lo que tocaba”, pero sin la agilidad esperada, y señaló una supuesta contradicción política: “Cuando estaban en la oposición calificaban el contrato de leonino y ahora lo modifican para darle más competencias a la empresa concesionaria”. Con todo, justificó el voto afirmativo: “Vamos a facilitar con nuestro voto que se termine de organizar el control de vertidos por responsabilidad”.
Por parte del equipo de gobierno, el portavoz Ramón Gallego defendió la adenda como una medida necesaria para cumplir la ley y hacer operativas las ordenanzas: “No es una decisión opcional, es una cuestión de responsabilidad institucional”. Subrayó que durante años “ha existido regulación, pero no un sistema plenamente operativo para aplicarla con eficacia”, y que ahora se da el paso “de la teoría a la práctica”. Explicó que el coeficiente K permitirá aplicar un criterio de justicia: “No pagará lo mismo quien apenas contamine que quien genere un mayor impacto”, insistiendo en que “no es una medida recaudatoria, sino correctora”. Además, recalcó que la modificación “no supondrá coste adicional para el Ayuntamiento” y que los ingresos se reinvertirán en la red: “Lo caro no es controlar, lo caro es no controlar”.
En el turno de cierre, la alcaldesa, Luisa Márquez, elevó el tono político y situó el foco en la falta de desarrollo histórico del contrato: “Han pasado más de dos décadas sin que se cumpliera lo que dice el artículo 57”. Aseguró que el actual equipo no innova, sino que ejecuta obligaciones pendientes desde 2004: “Este equipo de Gobierno está haciendo lo que se eludió durante años”. También defendió las actuaciones realizadas desde 2023 para activar una ordenanza que, según afirmó, estaba “inerte”, y recordó la presión de organismos como la Confederación Hidrográfica: “Tuvimos que trabajar durante todo un año para poner en marcha lo que ustedes dejaron en un cajón”. Además, enfatizó la importancia de revisar una red cuyo rendimiento apenas alcanza el 65 por ciento: de cada 100 litros que circulan por ella se pierden 35.
Pese a las diferencias, el consenso final evidenció la importancia estratégica del ciclo del agua en la gestión municipal y la necesidad de adaptar los servicios públicos a las exigencias normativas y medioambientales actuales.
El parque empresarial, a punto de tener luz
Aunque el punto estrella era la citada modificación del contrato con Aqualia, la sesión se prolongó bastante más a propósito de la dación de cuentas y del apartado de ruegos y preguntas. En el primer caso, el concejal de Hacienda, Ramón Gallego, reveló la liquidación de cuentas del presupuesto municipal 2025. Afirmó que “el Ayuntamiento está hoy mejor que en 2022”; “hay más dinero, menos deuda y más liquidez”, dijo. Destacó la subida de 1,5 a 3 millones de euros en tesorería, un superávit de más de 600.000 euros y una reducción de deuda del 39 al 24 por ciento, más un ahorro neto de un millón y medio.
En esta dación, la alcaldesa destacó otros asuntos. Entre ellos, anunció el inminente suministro eléctrico del vial-8 del parque empresarial –el próximo lunes se energizarán los centros de transformación-, y poco después en la zona norte. También aclaró que el Plan de Sostenibilidad Turística “no costará un euro a los solaneros” y confió en que llegue una subvención europea de 1,3 millones para abordar, entre otras cosas, el colector de la Avenida del Deporte.
El pleno ordinario se cerró con el preceptivo apartado de ruegos y preguntas. Pueden escuchar la sesión íntegra emitida por Radio Horizonte pinchando aquí.
