María José García-Cervigón junto al director de la OMIC, Santiago García-Cervigón Foto: GACETA
Aurelio Maroto
La concejala de Sanidad, María José García-Cervigón, ha destacado el avance que supone la nueva ordenanza que regula la venta ambulante en La Solana. Aprobada por unanimidad en el último Pleno, recoge varias novedades de relieve que adecúan el texto a la normativa y protege los intereses de los consumidores. Además, amplía la flexibilidad en cuanto a días de celebración de eventos tan populares como el mercadillo semanal, y prevé ampliar a 82 el número de puestos. “El objetivo es doble, por un lado fomentar el mercadillo y otros mercados ocasionales, y por otro salvaguardar las garantías de igualdad y derechos de las personas consumidoras”, ha declarado en rueda de prensa.
García-Cervigón ha recordado la responsabilidad del Ayuntamiento en la correcta regulación de la venta ambulante “por razones de orden público y de salud pública”. En este sentido, la Covid-19 supuso un punto de inflexión que obligaba a actualizar la ordenanza y, precisamente, la pandemia trasladó el mercadillo de los miércoles al bulevar del parque y Avenida del Deporte, un lugar más espacioso que la encorsetada explanada del mercado municipal y calles adyacentes. De hecho, la nueva ubicación llegó para quedarse, entre otras cosas porque también permite más espacio para puestos y la venta controlada de determinados productos de alimentación.
La concejala se ha referido a las novedades legislativas y a la administración electrónica como argumentos para revisar la norma. “Incorpora una relación más exhaustiva de las condiciones higiénico-sanitarias y de protección de las personas consumidoras”. Se mantienen las tres modalidades de venta anteriores, pero se amplía el contenido en mercados ocasionales con motivo de eventos populares. Y destacan dos novedades, una en caso de enfermedad grave del titular, que podrá solicitar la suspensión de la tasa, y la posibilidad de abrir los miércoles festivos. “Las ventas aumentan porque hay más afluencia de público”, subrayó.
Por otra parte, María José García-Cervigón informó sobre los impagos de la tasa del mercadillo. Un informe técnico elevaba a 25 los vendedores que a 31 de diciembre no estaban al corriente de pago, lo que implica perder la licencia. Se encargó a la OMIC una campaña para diagnosticar la situación y un plazo para regularizar los pagos, que expiró el 29 de junio. Se reveló que 53 vendedores cumplían y 11 incumplían los requisitos legales de alta o adeudaban dinero. A día de hoy, solo 6 vendedores incumplen y deben un total 7.038 euros, lejos de los 17.773 de finales de año. Se han abierto 3 expedientes sancionadores y esos puestos podrían salir a concurso.
