Ramon Gallego durante su comparecencia de prensa Foto: GACETA
Aurelio Maroto
El equipo de gobierno del Partido Popular defiende la nueva ordenanza reguladora del tráfico y seguridad vial, recién aprobada en sesión plenaria. El concejal del área, Ramón Gallego, ha afirmado que el anterior reglamento estaba desfasado, ya que la última modificación databa de junio de 2010, algo que aconsejaba su readaptación a la nueva normativa estatal y a las particularidades locales.
El principal motivo de fricción con la oposición, que rechazó el nuevo texto, es la subida de denuncias leves de 30 a 60 euros. En rueda de prensa, Gallego defendió la medida: “Consideramos que no era una cantidad disuasoria”. La ordenanza también prevé regular la carga y descarga en calles peatonales y el estacionamiento de camiones en el casco urbano para evitar molestias, amén de adecuar los aparcamientos por meses y los de movilidad reducida. En este sentido, aseguró que han tenido en cuenta los valores mínimos en las sanciones leves, que aunque se incrementan, también siguen por debajo de municipios cercanos como Valdepeñas, Tomelloso o Argamasilla, aunque admitió que por encima de Membrilla o Manzanares. En todo caso, insistió en que los 30 euros anteriores -15 euros con descuento- “no eran lo suficientemente disuasorios a la hora de valorar el ciudadano el hecho punible ni equilibraba el coste que suponía para nuestro Ayuntamiento la tramitación de las sanciones”. O sea, costaba más el collar que el galgo.
En este sentido, llegó a acusar a la oposición socialista de “ponerse del lado de los infractores” al abstenerse, y de menospreciar el trabajo policial. Recordó que el anterior equipo de gobierno compró un radar y no cree que lo hiciera por recaudar más, sino por mejorar la seguridad vial. “Las sanciones no tienen un fin recaudatorio, porque solo afecta a las personas que incumplen”.
Ley de Amnistía
Ramón Gallego vinculó este asunto con la Ley de Amnistía, objeto de una declaración institucional durante el último pleno. “Una vez más, el PSOE se pone del lado de los infractores, como demuestran leyes para el indulto, rebajas por malversación o el solo sí es sí”. Se retrotrajo a la amnistía de 1977, que buscaba la reconciliación nacional para guiar la Transición, pero aquello, aclaró, “era una demanda social y una necesaria impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura, que puso punto y final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española”. Considera que ya no caben más amnistías, ya que la ley prevé indultos particulares, nunca de carácter general, porque “atenta contra principios básicos del estado de derecho”.
