Momento de la clausura del curso                                                                                       Foto: GACETA

         Gabriel Jaime

Una quincena de personas desempleadas han concluido el curso de Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la construcción que ha impartido el sindicato UGT en colaboración con el Ayuntamiento de La Solana. Los participantes recibieron su correspondiente diploma de la Fundación Laboral de la Construcción en la jornada de clausura que albergó el auditorio del Palacio Don Diego.

Los responsables de la ejecutiva regional del sindicato UGT Francisco Javier Mota, Antonio Hervás y Toribio Arias, junto con el teniente de alcalde, Eulalio Díaz-Cano, entregaron los títulos a cada uno de los alumnos. Los primeros, agradecieron las facilidades y la colaboración del ayuntamiento de La Solana cediendo los espacios para la celebración del curso. También recalcaron la importancia de este tipo de formación totalmente gratuita para los desempleados, pero que tiene un coste medio de entre 250 y 300 euros, según indicaron. Todos se mostraron dispuestos a continuar con estos ciclos formativos en la localidad.

Por su parte, Eulalio Díaz-Cano, también se comprometió a colaborar con UGT en futuros cursos, recalcando que cualquier trabajador debe tener unas condiciones dignas de trabajo y especialmente unas condiciones que reduzcan al mínimo el riesgo de accidentes. Este curso es uno de los más completos, con una duración total de sesenta horas lectivas.

Avenida de la Constitución con nuevas luminarias LED                                               Foto: GACETA

         Gabriel Jaime

El alumbrado de La Solana será totalmente de luces LED dentro de seis meses. Los trabajos ya han comenzado y se realizarán por fases para cambiar 4.100 puntos de luz en toda la ciudad, según ha anunciado el primer teniente alcalde, Eulalio Díaz-Cano, a la prensa local. Las nuevas bombillas permitirán un ahorro de 87.000 euros al año.

La inversión roza el millón de euros y está financiada en un 80% por Fondos los Europeos FEDER a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El proyecto se pone en marcha a través de una subvención de 800.000 euros y permitirá cambiar 4.100 puntos de luz por nuevas luminarias de tecnología LED, argumentó.

La empresa solanera Maroto Electricidad, mediante una subcontrata con la empresa adjudicataria, está realizando estas labores “que provocarán una evidente mejora en la iluminación de nuestras calles, con una luz de mayor claridad, lo que redundará en una mayor comodidad y seguridad”, señaló Díaz-Cano. También se conseguirá un importante ahorro energético “se calcula un ahorro de un 52,4% de energía porque el LED consume menos y por un sistema inteligente que disminuye la intensidad de la luz en las horas centrales de la noche, cuando las calles son menos transitadas”, añadió.

Díaz-Cano dijo que “esto es un paso importante para consolidar a La Solana como un municipio comprometido con un desarrollo sostenible y con la idea de que el crecimiento económico de la localidad sea respetuoso con el medio ambiente”. Mención aparte para el ahorro económico “porque los vecinos y vecinas ahorrarán 87.000 euros al año con este cambio”, apostilló.

También explicó que era complicado encontrar repuestos de las bombillas de sodio que se están cambiando, lo que ha retrasado el cambio de algunas que se han ido fundiendo en diversos puntos de la localidad. El concejal señaló que “el nuevo alumbrado permitirá tener un mejor servicio y provocará menos incidencias”.

En la calle Carrera ya se ha instalado la nueva iluminación                                           Foto: GACETA

Este proyecto se suma a las obras de mejora de eficiencia energética de las instalaciones de aguas residuales y la planta potabilizadora de agua que comenzarán en breve, y a las obras de finalización del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación Norte 6 y 7.

Un momento de la sesión ordinaria de este jueves                                              Foto: GACETA

           Aurelio Maroto

            La Cuenta General del Ayuntamiento de La Solana correspondiente al año 2019 no podrá ser enviada al Tribunal de Cuentas para su fiscalización, al menos de momento. Los grupos de la oposición en bloque tumbaron su aprobación tras una serie de alegaciones. Entre otras cosas, piden una auditoría del gasto corriente, un inventario patrimonial y un seguimiento de los servicios privatizados. A ese punto, que generó un largo debate, se unió la propuesta de clausurar un establecimiento comercial que acumula hasta media docena de denuncias policiales por vender alcohol a menores de edad, que sí fue aprobado por unanimidad, aunque con matices.

            Todo esto sucedió durante el pleno ordinario de julio, celebrado en la tarde-noche de este jueves en un, salón con los concejales dispersos y la ausencia del alcalde, Luis Díaz-Cacho, indispuesto. Tampoco estuvo presente la también concejala socialista María Ocaña, que presentó formalmente su renuncia por razones laborales. Presidió el primer teniente de alcalde, Eulalio Díaz-Cano.

            El debate sobre la Cuenta General generó la mayor controversia política de la sesión entre el equipo de gobierno y la oposición, que se unió en el fondo, votando ‘no’ al documento, y en la forma, ya que hubo bastante coincidencia de pareceres. Bernardo Peinado, portavoz de Izquierda Unida, echa en falta mayor transparencia y equidad en los contratos menores, “no se puede contratar el gasto en unos pocos comercios”. También afirmó que La Solana ha perdido 200.000 euros en planes de empleo por solicitar menos contratos de los que corresponderían por entidad poblacional. Finalmente, propuso una auditoría del gasto corriente en los últimos 5 años, sendos informes de Secretaría e Intervención, un inventario del patrimonio público del suelo diferenciado y un seguimiento de los servicios privatizados.

            El portavoz del PP, Antonio Valiente, se mostró de acuerdo con tales propuestas y se quejó de que el Ayuntamiento preste una gran cantidad de servicios que luego hay que financiar. “A lo mejor son demasiados y frena la iniciativa privada”. Acusó de electoralismo al equipo de gobierno porque –señaló- “en el año de elecciones [2019] se gastó más de lo que podíamos y ahora lo estamos pagando”.

            La portavoz de Ciudadanos, Luisa Márquez, apostó por reducir gastos y mejorar la gestión. Citó ejemplos de concesionarias como Aqualia (agua) o Cespa (limpieza viaria), solicitando un informe fiscalizador y un plan director. Cree que a veces se duplican gastos aprovechando los planes de empleo. También considera “sumamente importante” el inventario para conocer el balance patrimonial, además de una redistribución del personal administrativo y una revisión del parque móvil, a fin de optimizarlo. De igual forma, su grupo aboga por una empresa que gestione la factura eléctrica. “hay opciones de reducir el gasto”, insistió.

            Eulalio Díaz-Cano, en representación del grupo socialista, rechazó las acusaciones de falta de transparencia, ya que se remiten todas las facturas y se publican en el portal de transparencia. Defendió la gestión gubernamental y lamentó, en referencia directa a Bernardo Peinado, que rechazara el ofrecimiento para ser concejal de Hacienda. “Buscan excusas con tal de no comprometerse en el gobierno municipal”, argumentó. En todo caso, manifestó que se trataba sólo de aprobar el punto para remitir estas cuentas al tribunal competente, tal como defendió el propio Interventor de Fondos: “aquí se manifiesta un acto esencial para rendir cuentas a instancias superiores”, explicó Francisco García de Mateos.

            Por su enjundia, el punto quinto también generó debate. Se trataba de una propuesta de la propia alcaldía, apoyada en asesoría jurídica, para actuar contra el propietario de una tienda de ‘24 horas’ situada en la calle Encomienda, junto al jardín de Santa Ana. Su propietario, de origen chino, colecciona denuncias de la Policía Local, hasta media docena, por vender alcohol a menores. La primera se remonta al año 2015. Se mencionó el caso de una vecina que denunció un coma etílico de su hija, menor de edad, aunque no se pudo probar que fuera por esa venta ilegal.

Se proponía abrir expediente sancionador por infracción grave de la ordenanza, con un máximo de hasta 6.002 euros, amén del cierre del local por 15 días. Por IU, Bernardo Peinado se mostró totalmente de acuerdo. Por su parte, Antonio Valiente (PP) reprochó la actuación, pero pidió comprensión con este empresario ya que “no conoce el idioma y poco la ley, y a lo mejor no se entera”. “Es mejor hablar con él, aunque sea con un traductor”. Y añadió que en La Solana “seguramente otros también venden, pero hay manga ancha dependiendo quien sea”. Luisa Márquez (CS) también se mostró comprensiva con este vendedor. “Que un traductor con una trabajadora social hagan una labor de información, porque no conoce la ley”.

Sin embargo, Eulalio Díaz-Cano (PSOE) fue más severo en su apreciación. Habló de “hechos graves y reiterados; no nos debe temblar el pulso”, y defendió la actuación coercitiva de la Policía Local. “Estamos hablando de proteger a nuestro menores”.

En última instancia, se acordó reducir la propuesta de sanción a 3.001 euros, pero elevar la clausura del local a un mes.

En este pleno también se leyó la renuncia oficial de María Ocaña (PSOE), hasta ahora delegada de Juventud, al marcharse a vivir fuera de La Solana por razones laborales. Todos los grupos le desearon suerte.

Por otra parte, hubo unanimidad en aceptar dos solicitudes de renuncia de parcelas ya adjudicadas en el Parque Empresarial, una por valor de 37.000 euros y otra por valor de 15.700 euros. Eso sí, ambos adjudicatarios deberán abonar 1.131 y 473 euros, respectivamente (IVA excluido), en concepto de penalización.

La sesión también aprobó de forma unánime las dos fiestas locales para el año 2021. Serán el 25 de enero (lunes de la Virgen), y el 26 de julio (día de Santa Ana).

La sesión se cerró con el apartado de ruegos y preguntas, preceptivo de los plenos ordinarios. Entre otros, la concejala de IU María Pérez se preguntó por qué la compensación por jubilación “se paga a unos sin pedirla y otros tienen que irse al juzgado”. También preguntó cuántos edificios están enganchados de forma irregular a la red pública eléctrica. Y volvió a criticar la próxima construcción de un aparcamiento de autocaravanas, del que solicitó el estudio de viabilidad.

Antonio Valiente rogó aumentar la seguridad policial con vistas a la próxima vendimia y preguntó si habrá una contratación extraordinaria para limpieza de centros educativos en vísperas del nuevo curso, además de pedir más ayuda a los agricultores tras las noticias de la última PAC.

Por Ciudadanos, Gloria María Notario preguntó por qué se ha tapado un imbornal en la calle Huertas y si las denuncias por la limpieza de solares son de oficio o por iniciativa de otros vecinos. Julián Díaz-Cano insistió en reunir la Comisión de Agricultura para trata el arreglo de caminos y pidió una reunión con la Diputación para el arreglo del carreterín de Herrera, amén de un acto oficial por las víctimas del Covid-19. Luisa Márquez preguntó por las licencias de primera ocupación en la zona de La Veguilla y si la Avenida de la Constitución está considerada como travesía. Por último, Elena Jaime se interesó los cableados que dificultan el acceso de propietarios de parcelas en el Parque Empresarial y rogó poder usar el antiguo Centro de Salud como lugar de contingencia ante hipotéticos brotes de coronavirus que pudieran llegar.

Luis Díaz-Cacho durante su respuesta a las patronas dimitidas                                    Foto: GACETA

            Aurelio Maroto

       El presidente de la Fundación Benéfica ‘Legado Bustillo’, Luis Díaz-Cacho, se muestra sorprendido y decepcionado por la renuncia de las dos concejalas de Ciudadanos, Luisa Márquez y Elena Jaime, anunciada esta misma semana, aduciendo que se sentían ‘ignoradas y ninguneadas”. Es una decisión –dice- que respeta pero no entiende “porque el ambiente en el Patronato es de complicidad, acuerdo y unanimidad”.

          Según el presidente de la Fundación, la única razón que le hace entender sus renuncias es la presión sobre los patronos, por ley, al tener que responder solidariamente ante los posibles daños y perjuicios que sus decisiones pudieran producir, excepto si votan en contra o renuncian a sus cargos, como es el caso. “Comprendo esa responsabilidad de tener que responder con nuestro dinero o nuestro patrimonio”. “Que nos lo cuenten a Paco Nieto (PP) y a mí cuando firmamos un crédito personal de 300.000 euros para atender nóminas”. “Hay que ser muy valiente para aceptar eso”. Ahora –añadió- los informes de las auditorías externas avalan las decisiones. “Las cuentas están saneadas, con 600.000 euros en nuestro haber”.

         Sin embargo, califica de “excusas” otras causas “menores”, en referencia al expediente de empleo que Díaz-Cacho gestionó sin conocimiento del Patronato, razón que las concejalas de CS aducen como gota que colmó el vaso. “Gracias a que solicité un ERTE vamos a ser capaces de aguantar un año muy complicado”, dijo, añadiendo que ya pidió disculpas y lo vuelve a hacer “por no compartir aquella decisión en un momento de tanta confusión”. Por otra parte, rechaza que las concejalas de CS hayan decidido irse tras dejar encauzada la licitación del servicio de conserjería, ya que “a aquella reunión donde se aprobó el pliego ya no acudieron”.

           Respecto a la queja de un vecino en un pleno, a la que aludió la portavoz naranja, Luisa Márquez, recordó que el Patronato la consideró en su reunión del 27 de febrero. “Establecimos como indicador de referencia el IPREM [Indicador Público de Renta], que este año está en 537,84 euros”.

  Concluyó advirtiendo que vivimos un tiempo que exige “aguante, colaboración y unión, y no del que busca excusas para no comprometerse”. “Ese es el problema de quien ve la política como algo puramente técnico”. “Yo jamás abandonaré el barco en mitad de la tempestad”. Aun así, invitó a las ediles a reconsiderar su decisión y regresar a sus sillones en la Fundación. En caso contrario, será el Pleno de la Corporación quien decida qué concejales tendrán que recomponer al Patronato.

Imagen panorámica del salón de sesiones durante el pleno ordinario de julio        Foto: GACETA

Gabriel Jaime

Un concejal expulsado, un grupo de denunciados en carnaval y el debate de un punto imposible de aprobar. Podría ser el título de un capítulo de la popular serie televisiva ‘La que se avecina’, pero también es el resumen del último pleno ordinario celebrado por la corporación municipal de La Solana. Una larga sesión que terminó al filo de la media noche y que sirvió para la provisión de cuatro plazas más de policía local, dotar a Cruz Roja con 6.000 euros para ayudar a los más desfavorecidos y modificar algunas tasas de servicios, entre otros acuerdos.

Volvieron los concejales al salón de plenos, tras el anterior experimento telemático. Unos en sus sillones y otros repartidos por las butacas del público, participaron con sus correspondientes mascarillas y guardando la distancia de seguridad. Sus señorías tenían ganas de reencontrarse cara a cara y algunos vaticinaban una extensa comparecencia antes de comenzar, como así fue finalmente. “Hasta las doce no hay prisas”, exclamó algún edil antes de entrar en el edificio.

Como es costumbre, las intervenciones resultaron largas, repetitivas con el doble turno de intervención para decir otra vez lo mismo y en muchas ocasiones, para recordar viejas historias del pasado. La pregunta es ¿Serían tan duraderas las sesiones si no fuesen emitidas por los medios de comunicación locales? Todo sea por esos minutos de gloria ante la concurrencia.

Concejal expulsado

Mediado el cónclave, durante una intervención del alcalde, irrumpió el concejal de Ciudadanos, Julián Díaz-Cano, para replicar insistentemente al primer edil. Reprochó e interrumpió el discurso de Luís Díaz-Cacho mientras éste le llamó al orden en repetidas ocasiones, derivándole a su turno de intervención. Ante el toma y daca, y tras los correspondientes avisos, el concejal fue expulsado de la sala. Una circunstancia que no varió las posteriores votaciones, ya que el número de concejales de la oposición era superior al del equipo de gobierno. El alcalde reconoció que era la primera vez que expulsaba a un concejal.

Julián Díaz-Cano (izqda) señalando al alcalde antes de salir de la sala     Foto: GACETA

Dentro de los puntos más sobresalientes, y con el voto unánime de la corporación, destaca la propuesta de convenio de encomienda de gestión entre el Ayuntamiento de La Solana y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para la provisión de cuatro plazas de Policía Local durante este ejercicio. La colaboración entre administraciones agilizará los procesos para cubrir estos nuevos puestos que se sumarán a las otras siete plazas convocadas por el consistorio para un total de once. También hubo unanimidad en la aprobación de una partida de 6.000 euros para Cruz Roja La Solana, con el fin de colaborar en los proyectos que están desarrollando con los más necesitados.

Propuesta de moción de censura

No salió adelante la propuesta de subida de tasas de la guardería municipal. El equipo de gobierno planteaba un alza del 12,5% en las mensualidades, siendo rechazada por la oposición. Izquierda Unida argumentó que el precio de las dos guarderías debería ser el mismo. El Partido Popular dijo que tal vez el Ayuntamiento debería dar menos servicios y que no se debe tocar el bolsillo de los vecinos. Ciudadanos indicó que habría que bajar el gasto en vez de subir impuestos.

Al rechazar el encarecimiento de tasas, se descuadraba por completo la confección del Plan Económico-Financiero 2020-2021, que era el siguiente punto en el orden del día. El alcalde, así como la secretaria y el interventor municipal, propusieron eliminar el punto porque habría que hacer otro plan distinto con otros guarismos. Los partidos de la oposición querían el debate a toda costa, aun sabiendo que el acuerdo terminaría en una vía muerta. Los portavoces utilizaron entonces las intervenciones para explicar sus respectivas negativas a la proposición del alcalde sobre un pacto de cogobernanza. El alcalde les volvió a pedir ayuda y cooperación, incluso les animó a que realicen una moción de censura para ocupar el sillón de la alcaldía. Una oferta que tampoco encontró respuesta en ese momento.

La corporación también modificó algunas tasas municipales como la que regula los servicios prestados con la grúa para retirada de vehículos de la vía pública, entre otras. Se aprobó igualmente no cobrar las mensualidades correspondientes al estado de alarma para los autónomos cuyas empresas están en edificios públicos como el Vivero de Empresas, el CIEES y el Centro de Nuevas Tecnologías.

Dentro del apartado de ruegos y preguntas, Izquierda Unida se interesó por el servicio de limpieza de los colegios y por la creación de un enlace en la página web del ayuntamiento para informar sobre la gestión de la Fundación Legado Bustillo. El Partido Popular preguntó por el futuro de la sede de la Mancomunidad La Mancha y el Albergue Puerto Vallehermoso. La primera podría ser la nueva ubicación para la Policía Local, mientras que el albergue permanecerá cerrado de momento. También preguntaron sobre los vehículos semiabandonados junto al aparcamiento de camiones.

Ciudadanos formalizó varias cuestiones como la falta de iluminación en algunos parques municipales, convenios con empresas de servicios externalizados del ayuntamiento o por los quioscos desiertos del parque municipal, entre otras. También se interesaron por las partidas económicas destinadas a festejos populares al no celebrarse la feria de forma oficial, preguntando otra vez por el arreglo del carreterín de Herrera, entre otros asuntos.

Denunciados en el ‘Entierro de la Colasa’

Finalmente, intervinieron unos ciudadanos aquejados por sendas denuncias formalizadas durante el trascurso del ‘Entierro de la Colasa’. Participaron en el desfile con sus tractores, colaborando al engrandecimiento del mismo, según indicaron, no entendiendo que tuvieran que desalojar la Plaza Mayor a la finalización del mismo. La Policía Local fotografió los vehículos que posteriormente fueron denunciados con multas de 600 euros que ya han sido abonadas. La denuncia rezaba textualmente lo siguiente: “perturbar la seguridad ciudadana bloqueando con vehículos el tránsito a vehículo policial y otros en el trascurso de un espectáculo (Entierro de la Colasa) y desobedecer órdenes de los agentes de la autoridad para cesar en esta actitud e impedir la actuación de estos para tomar imágenes de los hechos”. Los vecinos argumentaron que la organización fue nula en aquella celebración y anunciaron que no colaborarán en los carnavales en el futuro.

El alcalde argumentó que no hace las leyes ni impone multas a nadie. También recordó que aquella noche hubo algunas agresiones verbales al concejal de festejos y a policías locales.

La sesión contó con la baja de la concejala socialista María Ocaña que, según anunció el alcalde, ha dimitido como edil, y comenzó con el tradicional minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género. El cónclave duró casi tres horas y media.

Momento de la presentación de la plataforma en el Ayuntamiento                                    Foto: GACETA

           Aurelio Maroto

            El Ayuntamiento de La Solana ha escenificado este martes su apuesta de apoyo decidido al pequeño comercio local, que tanto ha sufrido el embate de la crisis sanitaria. El primer teniente de alcalde, Eulalio Díaz-Cano, ha anunciado de forma oficial el convenio firmado con Zaska, una novedosa multiplataforma de venta online concebida para el comercio de proximidad.

“Llevábamos tiempo dándole vueltas a este tipo de escaparates de venta online para nuestro pequeño comercio”, declaró Díaz-Cano, que ha comparecido junto al presidente de la Asociación del Pequeño Comercio, Ramón Prieto, y el directivo Pedro Simón. Reconoce que el confinamiento ha revelado la necesidad de un comercio adaptado a las nuevas tecnologías, aprovechando las ventajas de Internet para acercar los productos al domicilio.

     A través de Zaska, todos los establecimientos comerciales pueden publicar sus catálogos de productos y los ciudadanos acceder a ellos y comprar de una forma rápida y cómoda. “Es una plataforma muy intuitiva y permite blindar al comercio local porque te geolocaliza y las tiendas aparecen automáticamente en un radio de tres kilómetros”.

        El número dos del equipo de gobierno cree que utilizar este nuevo instrumento de venta “cobra más sentido que nunca” y destaca sus dos ventajas fundamentales. Una, “la lógica comodidad de poder comprar desde el salón de casa”. Y dos, no menos importante, “la confianza, la cercanía y la certeza de que estás haciendo una compra por Internet de forma segura”.

Eulalio Díaz-Cano defendió la utilidad de la plataforma                                       Foto: GACETA 

      Expresó su gratitud a Iago Novoa, creador de la plataforma, presentada a los comerciantes hace pocos días, así como a los grupos políticos municipales, que arroparon la iniciativa. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con Zaska para que el primer año sea gratuito para los adheridos y animó a todos, empresarios y ciudadanos, a utilizarla de forma masiva. “Es la mejor forma de favorecer el crecimiento de La Solana”. Se puede descargar en www.lasolana.es.

Una idea ‘genial’

            Ramón Prieto admitió que el momento es delicado para ellos y que este portal de venta online, por su originalidad, “es una manera de reactivarlos y llegar a más público”. De hecho, tildó de “genial” la idea de adherirse a una plataforma que permita vender como las grandes firmas, que tanto daño están haciendo a las tiendas de siempre. Cree que sus colegas se animarán poco a poco. “Cuantos más estemos, mucho mejor para todos”. Él mismo, que regenta un comercio textil en la localidad, ha confirmado que en breve subirá un surtido de los artículos que trabaja. Argumenta que todos tendrán que adaptarse, más tarde o más temprano, a una corriente que arrastra sin remisión.