Máximo Díaz-Cano 

     Aurelio Maroto

         Hacía casi un año que la Policía Nacional les seguía la pista, y ha sido ahora cuando han caído. Bajo el nombre de “Operación Telaraña”, la Brigada de Extranjería de Ciudad Real ha desarticulado una banda de empresarios de La Solana que se dedicaba a tramitar regularizaciones de extranjeros fraudulentas, por las cuales percibían subvenciones y cobraban a los propios inmigrantes.

           El Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, acompañado por el Jefe Superior de Policía regional, Juan Carlos Ortiz, explicó en rueda de prensa el resultado de esta operación y los pormenores de los delitos que se imputan, en concreto falsedad documental, estafa, infracción a la Ley de Extranjería y atentar contra los derechos de los trabajadores.

         La policía comenzó la investigación en agosto de 2010 ante el aumento significativo de solicitudes de autorización de residencia y trabajo, para lo cual utilizaban la vía del arraigo social, que presentaban en la Dependencia de Trabajo y Seguridad Social en Ciudad Real los propios extranjeros no comunitarios, que adjuntaban pre-contratos formalizados por empresas solaneras.

         Durante la investigación, los agentes certificados falsos de la Agencia Tributaria a fin de obtener las subvenciones oportunas y demostrar la solvencia económica de la empresa. Cobraban entre 300 y 8.000 euros a cada extra comunitario.

         Según la información oficial, los empresarios eran conscientes de que muchas de esas solicitudes serían denegadas, al tener sus empresas deudas importantes con la Seguridad Social y Hacienda. La investigación concluye que el número de solicitudes ilegales presentadas superaría las 300.

         Además, algunos de los presuntos delincuentes investigados, para aumentar su capacidad de regularización y obtener ayudas oficiales, constituyeron una cooperativa a nombre de ciudadanos extranjeros que trabajaban en sus empresas. En todo caso, estas empresas carecían de infraestructura sólida, según la policía, ya que no tenían oficinas, ni maquinaria alguna de trabajo. Tan sólo algunos vehículos a su nombre para trasladar trabajadores.

         Hay 8 detenidos, de los cuales 6 españoles y 2 extranjeros, todos ellos vecinos de La Solana. Sus iniciales y edades son: R.L.P., de 39 años; J.M.A.R.P., de 38 años; J.T.D.L.T., de 31 años; F.R.R.S., de 38 años; M.R.R.S., de 45 años; J.L.C.M., de 29 años; A.R.M., de 35 años y M.J., de 37 años.

         Máximo Díaz-Cano pidió a los agricultores estar vigilantes y que “se aseguren bien de cómo y en qué condiciones contratan a los jornaleros extranjeros. Puede que, sin saberlo, estén ayudando a las mafias”.