Siguen echando en falta un mayor control y fiscalización del gasto        Foto: GACETA

Gabriel Jaime

Ciudadanos vuelve a criticar la gestión del equipo de gobierno, echando en falta un mayor control y fiscalización del gasto. La portavoz, Luisa Márquez, aboga por reducir gastos y promover el ahorro, una propuesta que ya fue desestimada en el último pleno ordinario por PSOE e Izquierda Unida.

El partido socialista tumbó aquella moción defendiendo una gestión que tildaron de ‘seria, responsable y eficiente’, “algo que no podemos concebir porque en los últimos diez años no se ha aplicado la ley de manera rigurosa en los contratos menores ni en los contratos públicos en general”, argumentó Márquez a la prensa local. A esto habría que sumarle la ausencia de un sistema de control de los pequeños gastos, recalcó.

Aseguró que el ayuntamiento no es eficiente en el gasto corriente, un gasto que supone 3,5 millones al año y 14 millones de euros en una legislatura, señaló, argumentando que “si hubieran aplicado los principios de la ley de contratos para el área del gasto, habrían sido más eficientes en el gasto corriente y habríamos ahorrado un buen dinero”.

Ciudadanos defiende que con sus políticas se podrían ahorrar hasta 500.000 euros al año, si bien el equipo de gobierno reconocía que el ahorro sólo llegaría a los 150.000 euros “aunque fuesen 150.000, tendríamos un ahorro de 600.000 euros por legislatura, con los que ahora podríamos cambiar los depósitos de agua o mejorar el saneamiento en la Avenida del Deporte, entre otras cuestiones”. Márquez pregunta por qué el equipo de gobierno no ha organizado todas las licitaciones y las compras desde que empezaron a gobernar.

Servicio de limpieza viaria

Otra forma de ahorrar es controlar a las empresas que se contratan para servicios públicos, dijo Márquez, poniendo como ejemplo el servicio de limpieza viaria. Este contrato nació con una vida de quince años prorrogable tácitamente cinco años más “y ya vamos por la segunda prórroga”, añadió. La portavoz subrayó que “el responsable subsidiario de este contrato es el ayuntamiento, que es quien tiene que hacer políticas eficientes del gasto y velar para que se ejecuten correctamente los servicios que presta”.

A Ciudadanos le sorprende “que no exista ninguna memoria de gestión mensual en la que se justifiquen los trabajos realizados, y que se estén destinando Planes de Empleo para el mismo objeto, es decir, dos vías de financiación para lo mismo. Esto no es una buena gestión precisamente”. Añadió que el pliego especificaba que la oficina de esta empresa, que está prestando un servicio público obligatorio, estaría ubicada en las naves de mantenimiento del ayuntamiento “allí no hay ninguna señalización expresa que identifique tal oficina donde los vecinos podrían interponer sus quejas, y nos hemos enterado que está ubicada allí después de veinte años”.

El contrato ha duplicado el precio

Márquez recordó que en el año 2009 se hizo una modificación en este contrato donde se tenía en cuenta la ampliación del casco urbano con nuevas zonas residenciales como El Muladar, Viña del Botero o la zona Norte, y nuevas zonas industriales, “esto supuso una ampliación del precio argumentado por un aumento en el número de habitantes y el contrato ha pasado de 136.000 euros del primer año a los más de 270.000 euros que se pagan actualmente”. Márquez pregunta si el Ayuntamiento ha esgrimido que el Punto Limpio ya no existe donde la empresa tenía la obligación de limpiarlo y si se ha compensado esto, además de tener en cuenta que ahora se ha reducido la población, entre otras cuestiones. También dijo que la empresa debe hacer un inventario sobre las papeleras del municipio “porque su obligación es mantenerlas y reponerlas a su costa”.

El concejal Julián Díaz-Cano recalcó que “no se trata de burocratizar, sino de controlar, porque el contrato se ha duplicado en estos veinte años cuando ha bajado la población y también vemos un abandono total del servicio en varias zonas de la localidad como en el Polígono Industrial La Serna”. Al respecto, indicó que el Ayuntamiento tiene que velar para que se cumplan las condiciones de los contratos con las empresas adjudicatarias.