Alfonso Martín-Lara durante la charla de la plataforma en el Don Diego     Foto: GACETA

         Aurelio Maroto

         La Plataforma del Hospital “Virgen de Altagracia” no se rinde, ni lo hará hasta conseguir lo que quiere: evitar la privatización de su gestión. Una marcha a pie hasta Toledo para entregar las 21.000 recogidas contra la privatización es la próxima medida de presión. Una treintena de trabajadores se pondrán en ruta este viernes y cubrirán el trayecto en cinco etapas caminando. Sin duda, una acción llamativa que llega después la manifestación del 15 de enero, un encierro de 27 horas y multitud de encuentros con ciudadanos.

         En una entrevista concedida a Radio Horizonte, el portavoz de la plataforma, Alfonso Martín-Lara, ha expresado su confianza en dar la vuelta al calcetín. Considera que el anuncio de privatización es una decisión política que todavía se puede revertir. Se basan en números “hemos demostrado con cifras que es un hospital bien administrado; sólo el año pasado ahorramos 150.000 euros, y en Toledo lo saben”. Por tanto, hablan de una medida injusta que carece de sentido, máxime cuando la viabilidad económica se une a una calidad asistencial “reconocida por todos”.

         Martín-Lara recuerda que una empresa privada buscará el lógico beneficio económico, y se pregunta de dónde recortará si quieren mantener el presupuesto “¿en material, en pruebas diagnósticas, en personal?”. En su opinión, todos saben cómo funciona ahora el hospital y cómo funcionará si se privatiza “el fin de una empresa es dar beneficios”, y puso como ejemplo la inaceptable retirada de una UVI móvil, que considera un adelanto de los recortes que vendrían.

         La plataforma asegura sentirse plenamente respaldada por la ciudadanía de la comarca, un área sanitaria de unos 45.000 habitantes “la gente nos pregunta cuál será nuestra próxima acción”. Sin embargo, el apoyo político es otro cantar. Martín-Lara pone como ejemplo el equipo de gobierno de Manzanares “han demostrado que siguen instrucciones de Toledo”. En cuanto al resto de poblaciones, sí han encontrado comprensión en los alcaldes de La Solana y Membrilla, sobre todo del primero.

         La falta de sintonía con las autoridades manzanareñas es evidente. De hecho, la plataforma ha expresado su solidaridad con los ciudadanos expedientados por la cacerolada del 31 de enero durante un pleno municipal, la mayor parte trabajadores del hospital. El portavoz de la plataforma considera desproporcionada la denuncia “estar allí haciendo ruido no es un delito”. Eso sí, evitó pronunciarse sobre un hipotético interés personal del alcalde de esa localidad en la privatización “es público que el alcalde vende seguros de salud, pero ignoro si pretende sacar un beneficio con la privatización”.