Mª Eugenia D-Malaguilla y Bernardo Peinado durante su comparecencia                         Foto: GACETA

Paulino Sánchez

Los concejales de Izquierda Unida salieron en defensa de su coordinador local, José Moreno Arrones, ante lo que consideran “ataques del equipo de gobierno y en concreto del alcalde” por utilizar términos muy similares a los de la anterior legislatura. Al respecto, señaló que en la localidad se conocía la valía en todos los ámbitos de Moreno-Arrones.

Posteriormente, calificó la situación económica local de “dura y dramática”, que afecta no sólo a los trabajadores municipales, sino a proveedores y muchas otras personas del tejido local. María Eugenia Díaz-Malaguilla dijo que era algo que ellos “venían denunciando desde hace tiempo y en el debate electoral llegó a negar el actual alcalde”. Recordó los gastos que se había realizado cuando ya se debía incluso a la Seguridad Social en mayo, poniendo como ejemplo 86.000 euros para el Museo de la Zarzuela, añadiendo que “aunque somos de los pueblos a los que más debe la Junta, sólo se reclama con manifestaciones en casa, sin dar guerra” poniendo el ejemplo de otros alcaldes que incluso se han puesto en huelga de hambre.

Recordó que ellos habían insistido en la posibilidad de denunciar a la Junta por vía judicial, sobre todo teniendo en cuenta que ya en el último pleno el PP avanzó que podría cobrarse algunas de las deudas pendientes en el plazo de dos años. Añadió que el PP está aprobando todas las medidas que adopta el equipo socialista, ya que el portavoz está dentro de la Junta de Gobierno Local aprueba todos los puntos que se le presentan.

Por su parte, el portavoz Bernardo Peinado dijo que en materia de paro “no se ha tomado ninguna decisión”, para referirse después a la situación de la Empresa Municipal de Gestión. Dijo que en junio tenía una deuda de 400.00 euros con la Seguridad Social y acusó a Luis Díaz Cacho de “ocultar información cuando tomó posesión como alcalde”. Peinado recordó que en septiembre presentaron una moción para que se eliminara la empresa y se dejara sólo gestión del CADIG por problemas presupuestarios y ahora resulta -indicó- que se habían  desvanecido los problemas  y de forma improvisada se había acordado la disolución total de la EMG,  por acuerdo de PSOE y el PP.

Se preguntó dónde ubicar el CADIG, señalando que el alcalde había dicho que si en mes y medio no se enviaba dinero o asumía la gestión la Consejería, se cerraría, aunque existe la posibilidad de que se haga cargo el geriátrico privado de la localidad, añadiendo que la Junta debe 1.300.000 euros y que la deuda supera los dos millones. Cree que se trata de “un símbolo de la mala gestión”, que calificó de “despótica” y tratando de ocultarla. Peinado se mostró de acuerdo en la liquidación de la Empresa de Gestión "pero de forma ordenada".