Consenso municipal para el nuevo Plan de Igualdad                  Foto: GACETA

   Aurelio Maroto

   La Solana cuenta con un nuevo Plan de Igualdad y con un Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, dos herramientas destinadas a promover la igualdad real en el ámbito municipal y garantizar entornos laborales libres de discriminación. Así se debatió y se aprobó, por unanimidad, en el pleno ordinario celebrado este jueves. Una sesión que también aprobó, esta vez con la mayoría del equipo de gobierno, la revisión de la tarifa del agua y la derogación del reglamento de productividad, apenas un año después de su puesta en marcha.

   Más de tres horas invirtió la Corporación Municipal en completar la decena de puntos incluidos en el orden del día. Entre ellos, destacó la aprobación del Plan de Igualdad, que debuta con una vigencia inicial de cuatro años (2025-2029). Hubo consenso entre los dos grupos políticos, aunque también hubo tiempo para los reproches. La portavoz del grupo socialista, María José Arias, anunció el voto favorable de su grupo y destacó que “este plan fue impulsado por el anterior equipo de Gobierno”, subrayando que “reconocer ese esfuerzo no es una cuestión política, sino de justicia y de respeto institucional”. Arias también agradeció “el gran trabajo del Centro de la Mujer y la colaboración de los sindicatos”, que hicieron posible un documento “consensuado y participativo”.

   La concejala de Igualdad, Ramona López, defendió que con esta aprobación “se da un nuevo paso en el compromiso del Ayuntamiento con las políticas de igualdad”, recordando que, por primera vez, La Solana contará con un plan de este tipo y con un Consejo Local de la Mujer. “Han pasado 18 años desde que la ley obliga a disponer de un plan de igualdad, y ha tenido que llegar un Gobierno presidido por una alcaldesa del Partido Popular para hacerlo realidad”, afirmó. López agradeció la implicación del personal técnico. Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Ramón Gallego, calificó el día como “histórico”, afirmando que “lo que hoy traemos al pleno no son palabras, sino hechos, gestión y respeto”. Finalmente, la alcaldesa, Luisa Márquez, cerró el debate felicitando a los equipos implicados y destacó que “La Solana avanza hacia un Ayuntamiento más justo, moderno y comprometido con la igualdad y la dignidad de las personas”.

A vueltas con el agua

   El otro punto que generó más debate fue el dedicado a la adecuación de la tarifa del agua a la normativa vigente, de acuerdo con el IPC. En concreto, un 2,7 por diento de subida. Un punto que llegada, precisamente, tras una semana marcada por los cortes de agua debido a obras en la red de abastecimiento, que ha provocado un cruce de declaraciones políticas. Según el equipo de Gobierno, este punto “no implica ninguna subida extraordinaria ni cambio en el servicio”. La alcaldesa, Luisa Márquez, defendió que se trata de “una actualización legal y necesaria para que el Ayuntamiento cumpla con la Ley de Contratos del Sector Público”, lo que supone transformar la antigua tasa en una prestación patrimonial de carácter público no tributario.

   El portavoz del equipo de Gobierno, Ramón Gallego, subrayó que el cambio “no es una decisión política, sino una obligación legal y contractual”. Recordó que “el contrato del ciclo integral del agua fue suscrito en 2004 por un Gobierno socialista y fijaba que las tarifas se revisarían anualmente conforme al IPC”. Explicó que la actualización para 2026 será del 2,7 %, tal como marca el IPC interanual, “ni más ni menos”.

   Por su parte, el portavoz socialista, Eulalio Díaz-Cano, criticó la gestión del actual equipo: “Nos dicen que actúan con responsabilidad, pero aquí respuestas no dan ni una”. Calificó de “incoherente” la postura del PP al aplicar ahora lo que antes rechazaban, y reprochó que se utilice el debate del agua “para eludir responsabilidades” tras los recientes cortes de suministro producidos durante esta semana. “Vaya día para hablar de agua”, ironizó.

   La regidora cerró el debate recordando que “el Ayuntamiento se adapta a la ley y refuerza la seguridad jurídica del servicio”. Añadió que “no cambia el servicio ni la forma de pago” y defendió que el proceso “se ha tramitado con transparencia, informes técnicos y consulta pública”, garantizando —dijo— “el interés general de todos los vecinos y vecinas de La Solana”.

Derogación del reglamento de productividad

   Otro punto de relieve fue el relativo a la derogación del reglamento de productividad, una norma que apenas ha estado un año en vigor y que también fue objeto de un intenso debate entre los grupos municipales. El portavoz socialista, Eulalio Díaz-Cano, abrió el turno de intervenciones calificando la medida como “la crónica de una muerte anunciada”. Recordó que el reglamento nació “sin el respaldo de los sindicatos ni del grupo socialista”, y reprochó al equipo de gobierno sus “vaivenes normativos”. Díaz-Cano defendió que la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) “probablemente no sea suficiente para cubrir todas las necesidades salariales”, citando especialmente la situación de la Policía Local. También aludió al informe del interventor, que recomienda establecer criterios objetivos si se mantiene la productividad, y acusó al gobierno local de “no seguir sus propias recomendaciones”.

   El portavoz del equipo de gobierno, Ramón Gallego, respondió defendiendo la derogación “por coherencia y compromiso con los sindicatos”. Explicó que el reglamento fue una medida “transitoria” hasta aprobar la nueva RPT, elaborada “con rigor y consenso”, y que ahora “todas las mejoras retributivas están consolidadas”. Aseguró que “no habrá partidas de productividad” mientras la normativa actual lo haga innecesario, subrayando el objetivo de “ordenar y dar estabilidad al sistema retributivo municipal”.

   Por su parte, la alcaldesa Luisa Márquez reivindicó el trabajo del equipo de gobierno para “organizar el caos heredado” en materia de personal. Destacó que la nueva RPT “reconoce funciones, competencias y niveles de responsabilidad que llevaban años sin actualizar”, y defendió que el gobierno local “ha puesto orden donde antes había desorganización”.

   La propuesta salió adelante con los votos del Partido Popular y la abstención del grupo socialista.

 

Consejo Local de Consumo

Otro punto relevante fue la aprobación del reglamento que regula el Consejo Local de Consumo. La concejala del área, María José García-Cervigón, aclaró que se traía a pleno por instrucción del director de la OMIC, y que su objetivo es defender los derechos de las personas consumidoras, el consumo sostenible y la participación ciudadana. Además, avanzó que se han concedido 29 autorizaciones nuevas en el mercadillo de los miércoles, ampliando la gama de productos a la venta. El grupo municipal socialista votó a favor.

   Por otra parte, la Corporación también sacó adelante por unanimidad una modificación de crédito extraordinario para financiar la carrera de los 10 Kilómetros ‘Antonio Serrano’, prevista para este domingo, por valor de 9.600 euros.