Los conejos instalados en los taludes de la A-43 se comieron la cosecha

Un agricultor de La solana ha logrado, tras un largo y costoso periplo judicial, que el Ministerio de Fomento haya sido condenado a indemnizarle por los daños producidos por conejos en su cultivo de cebada en año 2.012. El agricultor, según la sentencia, había denunciado al Ministerio de Fomento ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, después de que los concejos que se reproducían y tenían sus madrigueras en los taludes de los puentes de la Autovía A-43, se comieran por completo su producción de cereal que no pudo llegar a cosechar.

La sentencia reprocha a la Administración, refiriéndose, en concreto, a la Unidad de Carreteras de Ciudad Real, que no actuara diligentemente para evitar los daños previsibles de estos animales, cuya existencia conocía desde que comenzaron a producirse, y que el recurrente no tenía obligación de soportar.

La abogada que ha defendido a este agricultor, María José García-Cervigón, ha señalado que “esta sentencia recoge una cuestión sobre la que no existe doctrina pacífica, como es la responsabilidad de las distintas Administraciones cuando los concejos se refugian y se reproducen en los taludes de las carreteras de su competencia, zonas valladas de seguridad, de dominio público, a las que no se puede acceder libremente para matar conejos, acción que se conoce como descastar”. Sin embargo, ha afirmado, “el pronunciamiento judicial ha sido claro en esta ocasión, la competencia sobre el control de los animales en las denominadas zonas de seguridad de las autovías corresponde a la Administración recurrida”.

Así, ha apuntado que la magistrado que ha dictado la sentencia, contra la que no cabe recurso, entiende que “existe responsabilidad patrimonial derivada del deficiente funcionamiento del servicio público, pues la Unidad de Carreteras ciudarrealeña no probó que llevara a cabo ninguna acción para el control de dichos animales”. “No ha acreditado la Administración haber actuado en aras a evitar lo evitable”, ha dicho la abogada.

García-Cervigón ha mostrado su satisfacción por este logro judicial, ya que, en muchas ocasiones, ha apuntado, “los agricultores se sienten indefensos e impotentes ante los daños que producen en sus cultivos las distintas piezas de caza, existiendo lagunas jurídicas sobre quién es el responsable de dichos daños en casos similares a éste, si la Administración ó el coto de caza más cercano”.