Público y pancarta en el pleno de anoche                                                                            Foto: GACETA

         Aurelio Maroto

         “Me están dando de comer mis hijos y voy a pedir un préstamo para seguir comiendo”. No son palabras de un parado al que se le ha acabado el subsidio. Su nombre es Juan Antonio del Olmo, tiene 57 años y es el jefe de planes de empleo del Ayuntamiento de La Solana, en el que lleva 29 años trabajando.

         En el turno que el alcalde concede al final de los plenos, el veterano funcionario se levantó para denunciar su caso. Los concejales enmudecieron y el alcalde resumió con la siguiente frase: “se me cae la cara de vergüenza”.

         El testimonio de este trabajador municipal sintetiza a la perfección la realidad de lo que está sucediendo. Naturalmente, la agonía económica del consistorio solanero volvió a centrar el debate del pleno ordinario de enero. Por segunda vez consecutiva, acudió una representación de la plantilla municipal, con una pancarta sindical pegada a la pared que rezaba esto: “no queremos políticos de brazos cruzados, ya existen trabajadores sin recursos, soluciones ya”. Para colmo, los empleados del CADIG “El Pilar” volvieron a pedir explicaciones, denunciando cosas tan graves como que se les está presionando “para que nos vayamos por voluntad propia”, según declaró su representante sindical.

         Entre tanto, los tres grupos políticos volvieron a enredarse en debates y reproches, seguramente con la mejor intención, para arbitrar remedios que cada segundo que pasan se hacen más urgentes. Hubo otro momento particularmente significativo cuando Luis Díaz-Cacho, mientras se debatía una moción, habló de la necesidad de que los tres portavoces vayan juntos a hablar con quien sea. Un aplauso espontáneo atronó el salón de plenos. Pocas veces se ha enviado un mensaje tan claro de que la ciudadanía quiere ver a sus políticos unidos. Al final del pleno, Francisco Nieto se comprometió a dirigirse “a quien sea”, pacto verbal importante teniendo en cuenta su color político.

         En realidad, fue un pleno lleno de matices y aristas, casi siempre a cuenta del ahogo financiero del Ayuntamiento. Entre otras cosas, se aprobó llevar a estudio acciones legales contra la Junta por los impagos. Izquierda Unida defendió denunciar para que sea un juez quien le exija el cumplimiento de sus compromisos. Bernardo Peinado planteó así una moción de urgencia en la que criticó duramente al gobierno regional, al que llegó a acusar de “romper el Estado de Derecho”. Pidió denunciar aquellos convenios que sean susceptibles de demanda y crear jurisprudencia “podemos manifestarnos, pero seguiremos igual; nuestra postura es taxativa”.

El portavoz popular, Francisco Nieto, admitió que lo más urgente “es que la gente cobre”, pero no cree que la solución sea irse al juzgado, por que retrasaría más el problema. Aseguró que la Junta “no está parada” y que se afana en resolver el problema. El alcalde tampoco es partidario de plantear acciones legales ya que podría paralizar aún más los impagos en tanto resuelvan los tribunales. Abogó por seguir presionando a la Junta, recordando que desde junio sólo ha ingresado 54.000 euros “y eso es reírse de nosotros” –dijo-. En un alarde de comprensión, dijo conformarse con un reconocimiento de deuda de 2 millones de euros “para que los bancos me puedan adelantar ya ese dinero”. Entre tanto –añadió- “nos estamos salvando gracias a la Diputación”.

El PP asegura que la Junta pagará en dos años

         El portavoz popular, Francisco Nieto, insistió en que la Junta va a cumplir con sus convenios firmados en cuanto apruebe los próximos presupuestos el próximo mes de marzo. Para los compromisos anteriores –añadió- el ejecutivo regional habría fijado un calendario de pago “hasta donde yo sé, el resto se pagará en un plazo de dos años”. A propósito de esta afirmación, el concejal Nemesio de Lara, a la sazón presidente de la Diputación, calificó esta afirmación de “muy grave” y dijo a Nieto que no había medido el posible alcance de sus palabras “si eso es verdad, no hay Dios que aguante dos años sin cobrar; tendríamos que empezar a cerrar servicios ya”. El portavoz popular insistió en que “la Junta se da dos años para pagar los despilfarros socialistas”.

Supuesta prevaricación

         Por cierto, y por alusión del portavoz del grupo de Izquierda Unida, Nemesio de Lara confirmó que el PSOE ya ha presentado acciones judiciales contra la Junta sobre convenios concretos, y que los demás ayuntamientos se adherirán cuando el contencioso sea admitido a trámite. En este sentido, los socialistas volvieron a quejarse de un trato de favor a consistorios gobernados por el Partido Popular. Por un lado, Luis Díaz-Cacho pidió “ingresos de socorro como ya se ha hecho con otros”. Nemesio de Lara dijo que cuando confirmen que a unos ayuntamientos les han dado dinero y a otros no “denunciaremos por presunta prevaricación”. Y llegó a citar los casos de Tomelloso y Socuéllamos, ambos del PP.

Modificación de varias ordenanzas

         El resto de puntos del orden del día pasaron casi de puntillas. Por ejemplo, se acordó modificar la ordenanza que regula el precio por uso del Vivero de Empresas, el CIES y el Centro de Nuevas Tecnologías, aplicando deducciones a la mitad para aquellos que cumplan determinados requisitos. También se aprobó poner en conocimiento del catastro aquellas alteraciones que se produzcan, a fin de agilizar trámites al ciudadano y mejorar la gestión administrativa. Y el PP presentó una moción de urgencia pidiendo adaptar a la legalidad la ordenanza relativa al impuesto de circulación para discapacitados, defendida por Serafín Alcázar. Se aprobó modificar el documento para eximir del impuesto a los discapacitados con minusvalías superiores al 33 por ciento, que tengan el vehículo a su nombre y sea de uso exclusivo.

Ruegos y preguntas

         En ruegos y preguntas, Bernardo Peinado volvió a pedir estudiar si es conveniente pagar o no una factura de 36.000 euros por un informe jurídico solicitado por la anterior Junta de Gobierno “aún saltándose todo procedimiento administrativo”, pero el alcalde dijo que las facturas hay que pagarlas. También se quejó de haberse enterado por la prensa de la búsqueda de un préstamo antes de pasar por la Comisión de Hacienda. Luis Díaz-Cacho recordó que tiene potestad para hacerlo y después abrir las ofertas bancarias en la citada comisión.

         El pleno comenzó con un minuto de silencio en memoria de las últimas víctimas por violencia machista.