Luis Díaz-Cacho durante su comparecencia de prensa                                                         Foto: GACETA

      Aurelio Maroto

         Luis Díaz-Cacho ha vuelto a explotar. Harto de que el gobierno regional lo ignore y, sobre todo, de que continúe sin enviar un solo euro al Ayuntamiento, ha convocado a los medios para asegurar que la Junta “está negando a La Solana el pan, el agua y la sal por el mero hecho de ser quienes somos”. A estas alturas, asegura no tener duda de que Cospedal está castigando a los solaneros adrede “mientras a otros pueblos se les ayuda al menos a pagar nóminas”.

         Con tono de enfado, Díaz-Cacho volvió a recordar que la situación es límite, cifrando en más de 7 millones de euros la deuda de la Junta. Cree que asistimos a una demostración de “soberbia insultante que está tambaleando los cimientos del bienestar social en La Solana”. Una vez más, lamentó que todas sus cartas y llamadas hayan caído en saco roto “la callada ha sido la respuesta, es como si sólo existieran en la prensa”. En este sentido, recordó que mientras tuvo responsabilidad política en la Junta “siempre atendí la llamada de un alcalde y todos tenían mi número de móvil”.

         A pocos días para terminar el año, recuerda que llevan 6 meses sin recibir nada de la Junta y que la capacidad de maniobra se ha terminado “hemos hecho de todo y nuestro margen ya sólo depende de que la Junta nos ingrese algo”. Tal es la premura que el alcalde se conforma con poco “ni siquiera pido una cantidad concreta, lo que sea”. Palabras que suenan casi a petición de limosna.

         La realidad es que la agonía económica puede obligar a clausurar servicios importantes. El mejor ejemplo es el Centro de Atención a Discapacitados Intelectuales Graves (CADIG). El alcalde reveló que el pasado día 7 comunicó al consejero de Sanidad que “si antes del uno de enero no hay ningún pago tendremos que cerrarlo”, cosa que lamentaría por que “es un proyecto en el que creo y si lo cerramos no será por culpa de este Ayuntamiento”. Pero la respuesta de la Junta –según dijo- ha sido la misma “ni me han contestado”.

         Es más, el pasado jueves escribió al consejero de Bienestar Social para advertir que suspenderán el programa del servicio de ayuda a domicilio “si no recibo dinero para contratar a 34 auxiliares”. Las mismas empleadas han repartido una carta del alcalde a los 170 beneficiarios del servicio explicando la situación.

         Terminó afirmando que “la excusa del despilfarro ya no vale”. Cree que la Junta está obligada a gobernar y no puede abandonar a ningún municipio de manera tan flagrante. En su opinión, nos encontramos ante un “abuso de autoridad” sin paliativos.

No se descarta la huelga

         A preguntas de los periodistas, Díaz-Cacho reconoció haber informado a los delegados de los empleados municipales sobre la situación “les he dicho que no podremos abonar la nómina de noviembre (aún pendiente) ni la de diciembre si la Junta sigue sin pagar”. Y recordó que hay familias de trabajadores municipales que lo están pasando realmente mal. Dice que asumirá cualquier decisión de la asamblea, incluso la huelga “estoy dispuesto a ponerme al lado como un trabajador más”.