Imagen de la sesión plenaria celebrada este jueves                                                        Foto: GACETA

         Aurelio Maroto

         El Ayuntamiento de La Solana podrá pagar a sus acreedores parte de la deuda contraída gracias a una línea crediticia del Instituto de Crédito Oficial. Así lo aprobó ayer tarde el Pleno Ordinario de la Corporación con los votos del equipo de gobierno y el grupo popular. Fue el punto más relevante de una sesión que también acordó la salida de La Solana del Canal 10 de televisión, que comparte nominalmente con Manzanares y Membrilla, aunque sin emitir. Al margen de algunos matices, todos están de acuerdo que el servicio televisivo a nivel local ya está cubierto y que este canal supone un gasto innecesario.

         Junto a dos mociones del PP, y otra de IU por vía urgente, transcurrió una sesión que se prolongó por espacio de dos horas y que provocó un fuerte debate en algunos asuntos. Si la legislatura transcurría hasta ahora por aguas tranquilas, los grupos sacaron ayer artillería de grueso calibre dialéctico en una batalla política que apenas había tenido hasta el momento fuego de fusilería. El momento álgido apreció cuando el portavoz de IU, Bernardo Peinado, pidió responsabilidades políticas al alcalde, sugiriendo incluso su dimisión. Luis Díaz-Cacho se defendió con una energía hasta ahora inédita en él. Lo demás fue, más bien, un mano a mano entre Izquierda Unida y Partido Popular, con andanadas mutuas que exhibían reminiscencias no olvidadas del mandato anterior.

         Tras la lectura del acta anterior y la dación de cuentas, comenzó el debate sobre el Canal 10. El alcalde no cree prioritario este servicio en el momento de crisis que vivimos, máxime cuando las necesidades de televisión local están cubiertas con otros canales. Luis Díaz-Cacho recordó que se aprobó un gasto innecesario de 23.595 euros, pero que al no haber sido elevado el acuerdo plenario al registro no habrá problema jurídico en abandonar el proyecto. La concejala de IU, María Eugenia Díaz-Malaguilla dijo que su grupo siempre tuvo las ideas claras al respecto, votando en contra de unos estatutos con fines partidistas y como un ejemplo más del anterior alcalde por manipular los medios públicos. Aprovechó para criticar el contrato con Imás TV “diez mil euros al mes que no podemos pagar” –declaró-, y se preguntó cómo se va a recuperar el dinero invertido en material y si es legal salirse ahora del proyecto televisivo. Por esta última razón prefirieron abstenerse.

         El portavoz popular, Francisco Nieto, votó sin fisuras la salida de Canal 10 “por la sencilla razón de que es un servicio innecesario” –manifestó-. Cree que con Canal 2000 el servicio televisivo ya está cubierto en La Solana, criticando igualmente el contrato con Imás TV, aunque añadiendo que “los contratos están para cumplirlos”.

         El punto cuarto debatía el Real Decreto sobre cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por entidades locales. El objetivo es firmar un crédito ICO por unos 650.000 euros para ir pagando deudas pendientes, especialmente con autónomos y PYMES. El alcalde defendió la solicitud “es una medida coherente del gobierno de España y tenemos la obligación de acogernos a ella”. Se trata de pagar facturas por estricto orden de antigüedad.

El portavoz de IU, Bernardo Peinado, considera la medida “positiva”, pero quiso analizar el “por qué hemos llegado hasta aquí”. Fue entonces cuando recordó que “para llegar a la herencia actual hay una vida anterior” acusando al Ayuntamiento de no querer enterarse de la crisis con presupuestos inflados y organismos con la Empresa Municipal de Gestión, y a la Junta de “retrasar a propósito el desastre hasta después de las elecciones”. Puso como ejemplo los 900.000 euros de las naves NIDO “utilizados para pagar nóminas”, o proyectos como la Plaza Arco del Convento, el Museo de la Zarzuela o el Centro de Artes “que había que terminar antes de las elecciones”. En ese instante recrudeció su discurso para pedir responsabilidades políticas, recordando que Luis Díaz-Cacho debía conocer lo que pasaba al ser delegado de Empleo de la Junta, igual que algunos concejales del equipo de gobierno actual “no tienen más remedio que reconocerlo o dimitir”. También se preguntó por qué a algunos se le ha pagado un tanto por ciento y a otros el total de sus facturas “tenemos un problema coyuntural y estructural a la vez por basarnos en la política del favor”. En resumen, rechazó aprobar la línea ICO en tanto no tengan un análisis más profundo de la relación de facturas.

El Partido Popular se mostró a favor de pedir el crédito por que “no quiero que los que no han cobrado sigan sin hacerlo” –declaró Francisco Nieto- a pesar de que el PP también venía avisando desde hace tiempo del grave problema que existía. Pero el PP prefiere ir hacia delante, reprochando a IU que ellos aprobaron “la barbaridad del parque empresarial”. Por su parte, Luis Díaz-Cacho reconoció a Bernardo la explicación de lo sucedido, pero cree que “el problema es más amplio como para volver al pasado”. Admitió saber que la Junta no pagaba “y no me voy a excusar”, pero añadió que no que hay que mirar adelante sin poner “peros” a todo. Elevó el tono para defenderse de la sugerencia de dimisión diciendo que “he estado ocho años fuera del ayuntamiento y desde que soy alcalde dimito todas las mañanas al levantarme, pero luego saco fuerzas para seguir”. Se desmarcó así de las actuaciones del anterior equipo de gobierno, al que no pertenecía, e insistió en la necesidad de “construir y avanzar cuando nos movemos en unas aguas tan movedizas”. En este sentido, pidió a IU explicar a las empresas por qué habían votado en contra de ese crédito.

La primera moción del PP llegó en el punto quinto, solicitando un informe de cuentas a través de los técnicos municipales debido a la tardanza del Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha. Francisco Nieto cree que podría tardar entre dos y tres años en llevar a cabo la auditoría “un tiempo excesivo para la elaboración y gestión de los recursos”, poniendo como ejemplo varias localidades. Su propuesta es fiscalizar las cuentas mediante un informe avalado por los servicios municipales, con ayuda externa si fuera preciso. IU criticó la propuesta por “demagógica”, ya que piden un informe que el Interventor ya ha hecho y que, en todo caso, defendería de nuevo “qué va a decir el Interventor; es una moción de cara a la galería” –declaró Bernardo Peinado. Luis Díaz-Cacho dijo fiarse de los funcionados y en especial de los fedatarios públicos “si queréis un informe, lo tendréis, pero sin ayuda externa”. Tras enzarzarse PP e IU en si el informe de intervención es vinculante o no, el alcalde propuso elaborar un informe de intervención y secretaría sin ayuda de nadie de fuera.

Una segunda moción del PP, defendida por Ana Belén Reinoso, solicitó la elaboración de un documento marco que vele por un correcto desarrollo de unas bases de convocatoria y procesos selectivos. El reglamento atendería a los cánones de igualdad, transparencia, mérito y capacidad de cualquier aspirante. Bernardo Peinado recordó que en junio ya trajeron una moción similar y que las bases deben aprobarse de manera conjunta entre los grupos “mientras el PP quiere imponernos unas bases sin debate”. Sin embargo, la concejala popular aclaró que no proponen unas bases, sino un reglamento general para su posterior elaboración en las comisiones que correspondan. Al final, la moción prosperó con el compromiso de elevar el documento marco a la comisión informativa.

Izquierda Unida introdujo una moción por vía de urgencia, que pedía eliminar el impuesto de vehículos de personas discapacitadas, teniendo en cuenta la jurisprudencia que ha sentado una denuncia perdida por el ayuntamiento. María Eugenia Díaz Malaguilla recordó que un grupo de vecinos se están organizando para pedir la exención, y de ahí la urgencia. El PP aceptó la urgencia y el PSOE, aunque el alcalde cree que no era urgente, la acabó aceptando.

En ruegos y preguntas, Bernardo Peinado preguntó por las certificaciones de las naves NIDO y si se van a paralizar. El alcalde dio por hecho que la obra podría pararse en seguida, previo debate en la Comisión de Obras. También preguntó por el freno a varias bases de convocatoria de la Empresa Municipal de Gestión, y otras no. Luis Díaz-Cacho pidió mantener la convocatoria, pero sólo en el caso de haber pagado tasas, cosa que ignoraba. María Eugenia Díaz-Malaguilla preguntó, entre otras cosas, por la falta de iluminación y papeleras en el nuevo parque de la Zona Norte, que el alcalde se comprometió a resolver, y si pertenecemos a la nueva cooperativa de transportistas. Díaz-Cacho cree que el Ayuntamiento no debe pertenecer a ninguna cooperativa. Por último, Francisco Nieto preguntó por la situación de las naves NIDO antes y después de las elecciones, y pidió acceder a las facturas de 2009. El alcalde responderá por escrito a la primera pregunta y dijo no haber problema en atender la segunda petición.