Imagen del Pleno monográfico sobre el Legado Bustillo            Foto: GACETA

    Aurelio Maroto

   La Fundación Legado Bustillo tiene nuevos patronos. La Corporación Municipal ha dado luz verde a su renovación completa y lo ha hecho por unanimidad. La paradoja es que este consenso llega acompañado por una profunda discrepancia en el modo de gestionar el histórico patrimonio. La fractura política entre PP y PSOE es total en este sentido. Durante casi dos horas, se escucharon duras acusaciones, defensas encendidas y dos visiones opuestas sobre su naturaleza, su pasado reciente y su futuro inmediato.

   La sesión comenzó con la exposición técnica del secretario municipal, quien recordó que la Fundación había aprobado una modificación estatutaria que cambia la forma de designar patronos y, por ello, correspondía al Pleno ratificar las propuestas. La lista incluye a Gloria Uriel a propuesta de Alcaldía-Presidencia; cuatro nombres propuestos por el Grupo Popular: Casto García-Cervigón Día-Roncero, Francisco García-Cervigón Mateos-Aparicio, Pedro José Martín-Zarco Díaz-Madroñero y Serafín Alcázar Cuesta; y tres por parte del Grupo Socialista: Blasa Delgado García de Dionisio, Antonio Delgado Márquez y Máximo Díaz-Cano del Rey. El acuerdo unánime en esta elección no impidió un debate de casi dos horas.

“Se consuma una cacicada de manual”

   El portavoz socialista, Eulalio Díaz-Cano, abrió con una intervención especialmente dura. Tras desear suerte a los nuevos patronos, lanzó su primera acusación: “Hoy estamos aquí porque se consuma una cacicada de manual”. Enlazó la expresión a la definición de la RAE y la atribuyó a “una acción arbitraria propia de un cacique o de quien se comporta como tal”. Para los socialistas, la reforma estatutaria aprobada -en la que ya no figuran concejales ni cargos públicos- no obedece a una necesidad legal ni a una exigencia técnica, sino a un “intento de difuminar u ocultar la naturaleza pública de la Fundación Legado Bustillo”. Añadió que el PP ha justificado el cambio asegurando que buscaba “despolitizar la Fundación” y “devolvérsela al pueblo de La Solana”, pero calificó tales explicaciones de “ignorancia, cinismo o ambas cosas”.

 

El Grupo Socialista fue muy crítico con la gestión del Legado                      Foto: GACETA

   Díaz-Cano aseguró que durante tres décadas el Legado se gestionó con transparencia y consenso, “el 99,9% de los acuerdos se adoptaron por unanimidad” hasta la llegada de la actual alcaldesa a la presidencia del Patronato. “Ha convertido la Fundación en un espacio poco transparente, sin información, sin participación y con decisiones adoptadas sin consenso”. Las críticas se extendieron a múltiples cuestiones: la gestión del coto de caza: “una práctica fraudulenta por cobrar como donaciones lo que no lo eran”; los procesos laborales: “no sabemos a cuántas personas han contratado, ni cuánto cobran, ni qué funciones realizan”; las obras del centro tecnológico, los arrendamientos agrícolas; el contrato con CIFASA y el proyecto de la EFA, que para el PSOE constituye “un engaño” porque “hoy no tenemos EFA, pero sí le estamos pagando todos los meses a CIFASA”. En el mismo sentido, insistió en que se ha entregado el Centro de Nuevas Tecnologías “para uso privado” y acusó a la nueva gerencia de la institución de “presionar a arrendatarios y cazadores”, para firmar coaccionados, algo que tildó de “chantaje”.

   Advirtió a los nuevos patronos de sus responsabilidades legales: “Para actuar con diligencia es imprescindible disponer de toda la información. Lamentablemente, desde la llegada de la señora Márquez y del gerente, lo que se ha producido es un apagón informativo”. El portavoz socialista insistió además en que, pese a la expulsión de los concejales del Patronato, la Fundación mantiene origen y carácter público porque “su legitimidad mana del Pleno del Ayuntamiento de La Solana”. Recordó que fue un gobierno socialista quien “puso el Legado Bustillo a disposición el pueblo” y que la actitud del nuevo equipo de gobierno “es un ejercicio de cobardía política”. “Han convertido a la Fundación en un espacio poco transparente y no sabemos al servicio de qué intereses”. En este sentido, insistió en que su grupo no renunciará a seguir fiscalizando la Fundación. “Nosotros no vamos a salir corriendo”, concluyó.

“Transparencia, justicia y legalidad institucional”

   La réplica del equipo de gobierno llegó con la misma contundencia, aunque desde un punto de vista diametralmente opuesto. El portavoz popular, Ramón Gallego, habló de “transparencia, justicia y legalidad institucional” para justificar el giro dado a la Fundación. Cree que era utilizada como “un instrumento más de poder por el PSOE” y que los nuevos estatutos zanjan una etapa de dejadez e inician otra de rigor y transparencia. Aludió a lo que el PP considera ‘irregularidades’ hasta la fecha: “se arrendaban tierras sin contrato, se pagaban impuestos que no correspondían, se cazaba sin seguro, se hacían contratos con proceso de selección, edificios sin licencia…”. Gallego insistió en que todo eso “se ha puesto en orden” y vaticina un futuro prometedor para el Legado Bustillo a partir de ahora. “Se abre una etapa con proyectos concretos y alentadores, un nuevo laboratorio agrícola, planes para el azafrán, la almorta y la economía verde o un centro de formación”.

El Grupo Popular defendió el giro en el Legado Bustillo          Foto: GACETA

“Hoy se devuelve al pueblo su joya”

   La alcaldesa, Luisa Márquez, cerró el debate y lo hizo con una extensa intervención. Explicó que la reforma estatutaria supone “un cambio histórico, jurídico y moralmente necesario”. “Durante años se confundió la frontera entre el Ayuntamiento y la Fundación, compartiendo bienes, personal y decisiones, lo que generó una situación insostenible y contraria a la ley”. Según detalló, la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y los informes del Observatorio de la Contratación hicieron imposible mantener la estructura anterior: “La Fundación no podía presentarse a licitaciones del Ayuntamiento, ni ahora ni hace 20 años, porque existía un claro conflicto de interés al coincidir adjudicadores y adjudicatarios”. Acusó al anterior gobierno socialista de dejar un panorama desorganizado y sin control: “Pagaban 23.000 euros al año de IBI rústico cuando desde 2002 estaban exentos. Son 480.000 euros tirados por no leer la ley”, citó como ejemplo.

   Citó, además, situaciones que considera “vergonzosas”, como la proyección pública de datos sensibles de los usuarios de la Fundación: “Treinta años sin protocolo de protección de datos”, reprochó. También arremetió contra los intentos de paralizar la regularización de arrendamientos, denunciando la creación de un grupo de WhatsApp donde -según afirmó- “se incendiaban las redes”, alentando a agricultores con información “falsa o interesada”: “La cizaña es peligrosa. Hace odiar a quien nunca te hizo daño”. Aseguró que su equipo se ha arremangado y lleva dos años dedicados a “revisar finca por finca, legalizar edificios (en alusión al Albergue Vallehermoso o la Casa de la Hojarasca), regular arrendamientos, separar el Ayuntamiento de la Fundación y devolver orden y dignidad”. Y definió el cambio estatutario como la culminación de ese proceso: “Esto no es quitarse del medio, sino gobernar con ética y proteger el patrimonio del pueblo”. “Una mujer creó este legado, Concepción Bustillo, y otra mujer, casi un siglo después, lo devuelve a su esencia libre de interferencias políticas”.

Unanimidad final, pero fractura abierta

   Pese a la dureza del enfrentamiento dialéctico, el Pleno terminó con una votación unánime. Todos los concejales alzaron la mano para bendecir la nueva composición del Patronato, que queda en manos de personas que no pueden ser cargos públicos ni personal del Ayuntamiento, aunque en algunos casos –de ambos grupos- sí han tenido responsabilidades políticas. Sin embargo, es fácil deducir que el tono de discrepancia no cierra la fractura abierta a cuenta de visiones políticas completamente opuestas. Queda por ver si ese antagonismo se traslada al nuevo Patronato, en el que supuestamente ya no hay intereses políticos.