Ramón Gallego y Luisa Márquez, vicepresidente y presidenta actuales de la Fundación Legado Bustillo       FOTO: GACETA

Gabriel Jaime

La Fundación Legado Bustillo de La Solana se despolitiza. A partir de ahora, ningún miembro del patronato podrá compatibilizar su puesto con responsabilidades electas ni con funciones en la administración pública. Alcaldes, concejales, incluso trabajadores del Ayuntamiento y de la propia Fundación, ya no podrán ser patronos tras  la aprobación de la modificación estatutaria que pone fin a su vinculación con cargos políticos. Así lo ha anunciado la actual presidenta, Luisa Márquez, en rueda de prensa, en la que subrayó que con esta decisión “se pone fin a la politización de la Fundación y devuelve su gobierno a la sociedad civil” y que el cambio garantiza que la institución “no vuelva a confundirse con la Administración municipal”.

Aunque el Ayuntamiento seguirá designando patronos, lo hará entre perfiles de la comunidad solanera, sin capacidad de intervenir en las decisiones internas de la Fundación. No obstante, la institución local podrá activar mecanismos de control a través del protectorado de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, que ya ha dado su visto bueno a la reforma. Márquez recalcó que la medida responde a la necesidad de “poner fin a la politización de la Fundación Legado Bustillo” y reforzar su independencia. El objetivo, añadió, es “proteger el patrimonio de la Fundación y asegurar el respeto a la ley en cada paso”.

La presidenta, que compareció junto al vicepresidente Ramón Gallego, recordó que durante años “se permitió y consintió una confusión entre el Ayuntamiento y la Fundación, que no es lo mismo, y que debilitó su esencia de servicio”. Por ello, afirmó que “el rigor y la transparencia deben guiar ahora cada decisión”. La reforma estatutaria, añadió, es “un paso decisivo para garantizar la seguridad jurídica y el futuro de la entidad”. Al respecto, Márquez aludió a la gestión de anteriores gobiernos. “Nos encontramos un desastre jurídico, la falta de rigor en los contratos y las zancadillas acerca de la dudosa naturaleza de la propia fundación, haciendo de la dejadez su forma de administrar el tesoro de La Solana”.

El ayuntamiento de La Solana ha vivido en los últimos meses un episodio que marca un antes y un después en la gestión de la Fundación Legado Bustillo. Tras más de dos décadas de relación contractual con el consistorio, un informe del Servicio de Asesoramiento y Normalización de la Junta de Comunidades destapó un conflicto de intereses que hasta ahora había pasado desapercibido. “La fundación no puede ni tan siquiera presentarse a la licitación de contratos que saque el ayuntamiento porque por ese conflicto de intereses sería excluida”, argumentó. Además, el hecho de compartir órganos de gobierno, es decir, que los concejales fuéramos patronos, podía convertir la fundación en pública, y curiosamente nunca fue pública”, añadió.

La revelación ha obligado a revisar de raíz el funcionamiento de una institución que, desde 2003, había prestado servicios al municipio sin que nadie –ni técnicos, ni responsables políticos, ni la propia Fundación– advirtiera de la irregularidad. La actual dirección no solo ha reconocido el problema, sino que ha optado por la vía más tajante: despolitizar la entidad. “Con lo que hemos hecho, hemos despolitizado la Fundación de una vez por todas, una cuestión de sentido común”, subrayó Luisa Márquez.

El trasfondo de esta decisión no es menor. La Fundación, que administra más de 4.000 hectáreas y gestiona proyectos de gran impacto social como el Centro Especial de Empleo, había vivido durante años en un limbo jurídico. Ni fundación pública ni privada, operaba en una suerte de zona gris que permitía aprovechar ventajas de ambos modelos. La Ley 40/2015 ya había establecido la necesidad de definir su naturaleza, pero durante ocho años nadie afrontó el cambio.

Para Márquez, la decisión tiene tanto peso legal como moral: “La Fundación Legado Bustillo pertenece a todo el pueblo de La Solana, a toda la sociedad civil de La Solana. Y ésta debe participar de su gestión”. En su relato, situó esta reforma como un nuevo “hito histórico” en una trayectoria marcada por cuatro momentos clave: la creación del legado por sus fundadores, la protección establecida en la Segunda República, la recuperación del patrimonio en los años noventa y, ahora, la devolución plena de su gestión a la sociedad civil. “Vuelve el gobierno de la fundación Legado Bustillo a la sociedad civil de La Solana, sin más vocación que ayudar a nuestro pueblo y apoyado por un sólido equipo de profesionales que pondrá todo su conocimiento a disposición de esa dirección”.

El proceso de transición ya está en marcha. Los partidos municipales deberán proponer nombres de patronos, siempre ajenos a la política y al Ayuntamiento, para que sean la voz del talento local en la dirección de la entidad. “Queremos que entren en el patronato personas formadas, capaces, que representen a los solaneros y que no tengan vinculación política. Hay gente muy válida y capaz, además de tener el talento suficiente para llevar a la Fundación donde se merece”, señaló la presidenta. Sin precisar fechas, dijo que el proceso podría llevar varios meses y se aventuró a pensar que pueda estar consolidado antes que termine el año. Mientras tanto, “seguiremos trabajando”, apostilló.