Imagen del Pleno ordinario de febrero         Foto: GACETA

      Aurelio Maroto

     El Centro de Nuevas Tecnologías ‘Petra Mateos’ será cedido al Legado Bustillo para los próximos 25 años. Así lo ha aprobado la Corporación Municipal en sesión plenaria, dando luz verde definitiva a la intención que ya había expresado el nuevo equipo de gobierno. Sus diez concejales permitieron sacar adelante la cesión por mayoría, con el rechazo del grupo socialista. Uno de los objetivos principales es abrir un centro de Formación Profesional dual gestionado a través de una EFA (Escuela Familiar Agraria) en la rama agropecuaria. Fue el punto que generó mayor debate, exactamente una hora, en una larga sesión que también sacó adelante la revisión al alza de la ordenanza que regula la tarifa del agua, a fin de adaptarla al IPC (Índice de Precios al Consumo).

     Tras la aprobación del acta anterior, el pleno aprobó la propuesta para el XXIV Premio ‘Conrada Serrano’ por la Igualdad, que este año recae en Juana Almarcha, directora del Centro de Mayores hasta su reciente jubilación. Ambos grupos políticos ponderaron su figura y su labor en la institución durante casi cuarenta años. “Ha ayudado al empoderamiento de las mujeres”, dijo la concejala socialista, María José Arias. “Ha abierto camino a la igualdad”, remarcó la concejala de la Mujer, Ramona López. La alcaldesa añadió que Juana Almarcha representa a muchas otras “Conradas Serrano anónimas”.

    El punto tercero tenía que aprobar la cesión del CNT al Legado Bustillo, si bien el portavoz socialista, Eulalio Díaz-Cano, comenzó condenando las amenazas aparecidas en redes contra la alcaldesa, desvinculando de ello a su partido. “Podemos discrepar, pero esto no tiene cabida”, remarcó. De inmediato comenzó el debate sobre la citada cesión, que los socialistas rechazan porque se pretende instalar un proyecto educativo privado que, además, cree que no saldrá adelante. “Es un engaño porque no se va a poner en marcha; es un proyecto imposible”. Volvió a insistir en que el contrato es nulo de pleno derecho y criticó que nadie haya respondido a una solicitud de revisión de oficio enviada hace dos meses. Al respecto, el portavoz del equipo de gobierno, Ramón Gallego, lamentó el error -que el mismo secretario admitió- y anunció un cambio en el circuito de firmas para ser más efectivos. Sobre el punto en cuestión, Gallego defendió la EFA como una oportunidad estratégica para el desarrollo social y económico de La Solana. “Nos situará en el mapa como referente en capacitación agropecuaria”. La alcaldesa, Luisa Márquez, se sumó al argumento de su portavoz. Cree que la EFA planteada ofrecerá a La Solana “una oferta formativa exclusiva en la región”. Y dejó para el final una noticia importante: la concesión por parte de la Junta de un primer grado básico agropecuario.

Pabellón La Moheda

   El pleno continuó con el punto cuarto, que aprobó –esta vez por unanimidad- el expediente de indemnización por los daños en el pabellón La Moheda. Básicamente, el Ayuntamiento denunciará al seguro de Aqualia para que asuma los gastos de reparación del polideportivo, cifrados en casi 500.000 euros. Se trata de demostrar que la concesionaria no controló las pérdidas de agua que lavaron los cimientos y provocó el cierre en septiembre de 2022.  A continuación, se aprobó el reglamento de organización y funcionamiento de la mesa general de negociación del Ayuntamiento. “Estructura el diálogo entre las partes”, manifestó María José Arias. “Es un paso histórico en la negociación colectiva, que refuerza los derechos de los empleados públicos”, dijo Ramón Gallego. Hubo unanimidad.

El equipo de gobierno hizo valer su mayoría en varios puntos        Foto: GACETA

   El punto sexto provocó más enredo dialéctico, como cabía esperar de acuerdo con posturas anteriores. Se trataba de actualizar la tarifa general del agua de acuerdo con el IPC interanual, más una tasa variable por vertidos de empresas. Eulalio Díaz-Cano criticó que el PP promueva subir la tasa “más de un 12 por ciento” cuando antes votaban en contra de esas subidas. Y se preguntó cómo se va a aplicar la tasa variable. Ramón Gallego replicó que se limitan a cumplir el contrato con Aqualia y que ya se han reunido con los empresarios. Se ha acordado una moratoria hasta el 30 de septiembre para que regulen el vertido de residuos según la normativa. El punto salió adelante con el voto favorable del equipo de gobierno y la abstención de la oposición.

Canon del agua de la Junta 

    En el séptimo punto se aprobó por unanimidad un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 25.000 euros, a fin de pagar facturas pendientes a proveedores, aunque no sin reproches entre los grupos. Sin asuntos de urgencia, la segunda dación de cuentas fue aprovechada por el portavoz popular, Ramón Gallego, para cargar contra lo que denominó “impuestazo del canon del agua con afán recaudatorio de la Junta”. Explicó con profusión de datos los perjuicios que, en su opinión, tendrá este canon de la Directiva Marco del Agua (DMA) para el consumidor de a pie, con subidas fijas de hasta 184.500 euros para el conjunto de solaneros, y de 35.500 de subidas variables. Un canon que, añadió, también afecta a las 15 empresas que superan el consumo. Puso como ejemplo la cooperativa Santa Catalina, que pagará 3.543 euros más al año. Avanzó que el PP denunciará el canon. 

El grupo socialista durante la sesión de este jueves             Foto: GACETA

    Sin posibilidad de réplica al tratarse de una dación de cuentas, la alcaldesa recordó al portavoz socialista su derecho a pronunciarse en el siguiente apartado: ruegos y preguntas. Eulalio Díaz-Cano dijo que ese punto era “una trampa disfrazada de moción”, que se denunciará algo a lo que obliga Europa y que lo recaudado es para pagar los servicios públicos que gestiona la Junta. La alcaldesa replicó anunciando un bando informativo “para resolver todas las dudas”.

Otros ruegos y preguntas 

    Entre otros ruegos y preguntas de relieve, el concejal socialista Pablo Navas preguntó por la preocupación ante la poca estabilidad en la plantilla del CAI Hermanas Barrera, que el concejal de Educación, Antonio Valiente, achaca a la reforma laboral de Yolanda Díaz. María José Arias preguntó por los problemas de calefacción en el Don Diego, que según el concejal de Promoción Económica, Santiago López, serán resueltos gracias al Plan de Sostenibilidad de la Diputación. Jose Chacón se interesó por los dos policías que no han ingresado en la Escuela de Seguridad Ciudadana y no pueden hacer turnos. “Harán trabajos administrativos y en adelante seremos más precavidos”, respondió el concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Gallego. Micael Tolosa preguntó por las pistas de pádel y rogó construir dos más. La alcaldesa confirmó que se actuará en ellas mediante una subvención de la Diputación, que también incluye arreglar las pistas polideportivas de La Calzada y los sótanos del CEIP El Humilladero. Tolosa volvió a solicitar ayudas para deportistas de alto nivel, caso de Paula Sevilla y Hermi Parra. El concejal de Deportes, Juan Francisco Marín, insistió en que primero es preceptivo darse alta en la base nacional de subvenciones.